Recorte de salarios, cierre de centros, ausencia de democracia interna, imposibilidad de que los propios ciegos y grandes discapacitados trabajen en condiciones dignas y el desmantelamiento de una organización otrora modélica en la prestación de servicios sociales.
Exigimos a los poderes públicos que atiendan nuestras reivindicaciones y ponemos en conocimiento de la Ministra de Sanidad que estamos dispuestos a luchar hasta el límite de nuestras fuerzas para lograr el objetivo de una ONCE abierta; participativa, social…
Pedimos al gobiernos que intervenga antes de que miles de discapacitados nos veamos abocados a la exclusión social. Así mismo le recordamos la obligación que tiene contraída tanto con la sociedad española en general como con los afiliados y trabajadores de la ONCE en particular, de ser garante del cumplimiento de los fines institucionales para los que fue creada esta organización.
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